La Abogada urbanista María de los Reyes Rueda Serrano recoge esta noticia de interés para muchos madrileños, que consiste en que la Comunidad de Madrid rebajará a cinco años el empadronamiento necesario en la región para solicitar un alquiler en una vivienda protegida, tal y como ha avanzado este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.
Lo ha expresado en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha señalado que se está trabajando en el nuevo Reglamento de Vivienda Pública, que van a aprobar en julio.
Fuentes de la Consejería de Vivienda han explicado a Europa Press que el Gobierno regional introducirá excepciones al requisito general de diez años de empadronamiento previsto para el acceso a vivienda protegida en régimen de compra o uso propio. En los supuestos en los que sí resulte exigible el requisito de empadronamiento, bastará con que lo cumpla uno de los miembros de la unidad de convivencia.
“Queremos un empadronamiento que baje hasta los cinco años cuando hablemos de viviendas en alquiler y que no se exija para modelos de residencias de estudiantes o viviendas compartidas”, ha detallado el consejero, quien ha afirmado que están admitiendo todavía enmiendas.
No se exigirá esta condición para modelos de residencias de estudiantes o viviendas compartidas
No se exigirá este periodo a quienes, antes de la entrada en vigor del reglamento, hayan suscrito contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o realizado aportaciones económicas a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco se aplicará a miembros de cooperativas que ya hubieran desembolsado cantidades destinadas a la adquisición del suelo o de la propia vivienda.
Con estas modificaciones, la Comunidad de Madrid quiere reforzar “la seguridad jurídica, protege a quienes ya habían adquirido compromisos previos y adapta la normativa a las distintas fórmulas residenciales actuales, garantizando un acceso más ágil y realista a la vivienda protegida”.
En el Pleno, Rodrigo ha indicado que se va a definir un marco regulatorio de la vivienda con protección pública de la Comunidad de Madrid, adaptándose “a la realidad actual” para impulsar la construcción, facilitar su gestión y al mismo tiempo para aumentar la oferta pública de vivienda disponible.
Una de las principales novedades es ahondar en la simplificación de los trámites administrativos incorporando la declaración responsable para la calificación definitiva de viviendas y otros trámites como el visado de contratos de títulos de acceso a las viviendas.
Fuente: EjePrime
