El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la reforma de la Ley del Suelo aprobada por la Asamblea de Extremadura en el año 2011 que permitió respaldar legalmente el Complejo Marina Isla Valdecañas (Cáceres), el resort de lujo donde se ha invertido en la última década más de 130 millones de euros y que está pendiente de una resolución judicial para su derribo
Conocido como la ‘Marbella extremeña’, a una distancia de 163 kilómetros de Madrid, en el término municipal de El Gordo, y construido sobre los terrenos de la Red Natura 2000 (espacio especial protegido), el cambio legal salió adelante con los votos de PSOE y PP permitió cambiar la calificación de los terrenos, pasando de suelo rústico a urbanizable. Esta medida se aprobó sólo 20 días después de que una sentencia ya advirtiera que las irregularidades del proceso y tras la calificación de la Junta del proyecto como de «interés regional».
La
resolución del Tribunal Constitucional conocida hoy estima de forma sustancial
la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX),
órgano que ya advirtió de las contradicciones de este cambio del artículo 11 la Ley del Suelo de Extremadura (LSOTEX)
con la normativa nacional.
Una vez conocida la sentencia, las
organizaciones ecologistas Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura,
han mostrado su satisfacción por la sentencia más más de doce años de
procedimiento judicial y han instados a los responsables politicos «de
este desatino» a que asuman su responsabilidad «aceptando y ayudando
a ejecutar las sentencias de restauración del espacio».
Así, añaden que lo «paradójico» de
esta situación, concluyen, es que sean las organizaciones ambientales las que
sean objeto de una «intensa campaña de desprestigio» por defender la
legalidad urbanística, el desarrollo sostenible y el medio ambiente en
Extremadura, «cuando ésta es una responsabilidad de los poderes
públicos».
Así, recuerdan que el procedimiento proviene
de la homologación por parte de la Junta de Extremadura del proyecto de interés
regional (PIR) Marina-Isla de Valdecañas, una decisión que fue recurrida tanto
por Adenex como por Ecologistas en Acción ante el alto tribunal extremeño.
En cualquier caso, ambas organizaciones subrayan
que lo relevante es que el TC vuelve a confirmar, «por tercera vez»,
que la utilización de los terrenos con valores ambientales que sean objeto de
protección por la legislación aplicable, «quedará siempre sometida a la
preservación de dichos valores», y comprenderá únicamente «los actos
de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación
expresamente autorice».
Las organizaciones ecologistas entienden que,
con este pronunciamiento se cierra el debate sobre la imposibilidad legal de
ejecutar las sentencias sobre Valdecañas.
A su juicio, se «debilitan» también
los argumentos planteados por la Junta de Extremadura respecto a la
imposibilidad material de realizar la restitución de los terrenos, al entender
el TC que la urbanización supone la desprotección y destrucción de facto del
espacio afectado.
De todas formas, los ecologistas reconocen que es cierto que el TC no estima completamente la cuestión de inconstitucionalidad, al entender que el procedimiento de homologación «no era una ley singular, pero esta cuestión -añaden- resulta completamente intrascendente: el propio TC detalla expresamente que no procedería una homologación sobre un precepto, el artículo 11 LSOTEX, que ha sido declarado contrario a la Constitución«, han
El presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, ha mostrado «respeto» por esta declaración de inconstitucionalidad y espera «en cualquier caso a que finalice esta cuestión cuando la Sala del Tribunal Superior de Justicia resuelva definitivamente sobre la ejecución de la sentencia».
Asimismo, ha apuntado que hay que
«respetar lo que digan los jueces» que es, según ha asegurado, lo que
ha «hecho a lo largo de todo este proceso» y lo que va a «seguir
haciendo».
Por su parte, la diputada del PP en la
Asamblea de Extremadura Pilar Pérez ha
explicado que lo que hizo el PP fue «intentar que esa normativa no
limitase el crecimiento y el desarrollo de nuestra comunidad autónoma con un
exceso de protección ambiental», aunque ha advertido que el proyecto
Marina Isla de Valdecañas «es una chapuza jurídica cien por cien marca
PSOE» desde «el principio y no será porque desde el PP no lo
advertimos desde el principio que era una chapuza jurídica lo que se estaba
produciendo».
En este sentido, ha añadido que «ahora
mismo lo único» que queda es «acatar la sentencia de los tribunales
como no puede ser de otra manera», y «ver también qué es lo que hace
la Junta de Extremadura, que es la que está en el gobierno, y que es la que
inició con un gobierno del PSOE esta situación», ha añadido.
Derribos y su coste.
Los costes cifrados del derribo del complejo
-pendiente de un incidente de inejecución de sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo aún
no ha resuelto- superarían los 34 millones de euros, al margen de las
indemnizaciones a los afectados. La empresa promotora (Marina Isla de
Valdecañas, S.A., con sede en Sevilla),
ha invertido durante estos años más 130 millones de euros de los 200
inicialmente previstos, aunque ha dejado sin ejecutar -debido a la
incertidumbre legal del proyecto- la construcción de una segunda fase que
incluía la ampliación de instalaciones, por ejemplo un segundo hotel.
El complejo alberga en la actualidad un
espectacular resort de 133
hectáreas, con villas de lujo de entre 275 y 560 metros cuadrados, edificadas
en parcelas de hasta 800 metros, que incluye 185 casas, un hotel de 4 estrellas
con 80 habitaciones dobles, un club social, instalaciones deportes o un centro
hípico.
La Junta de Extremadura no quiere bajo ningún concepto el derribo pero en todo caso estaría dispuesto a un derribo parcial (hotel y 42 chalets), respetando las construcciones e instalaciones en uso y también la urbanización y sus infraestructuras mientras que los ecologistas abogan por el derribo completo.
Articulo de Elmundo.es
Estos temas son tratados en Curso de Urbanismo que organiza la Asociación de Abogados Urbanistas.